

Human Rights Watch ha expresado serias preocupaciones sobre el creciente uso de drones por parte de las fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados, lo cual ha resultado en la muerte de al menos 1,243 personas, incluyendo 60 civiles, desde marzo de 2025 hasta enero de 2026. Estos ataques con drones han ocurrido principalmente en Puerto Príncipe, donde la violencia de pandillas sigue siendo un desafío significativo. De los 738 heridos reportados, se cree que al menos 49 involucran a civiles. La organización ha pedido a las autoridades haitianas que detengan estas operaciones para prevenir más pérdidas de vidas inocentes. Notablemente, uno de los ataques más mortales resultó en 57 víctimas, con niños entre los afectados. Testigos presenciales describen escenas desgarradoras, como un ataque en el barrio controlado por pandillas de Simon Pele en septiembre de 2025, donde un dron interrumpió un evento benéfico para niños organizado por un líder local, matando o mutilando trágicamente a varios menores. El miedo y el trauma generalizado se extienden por comunidades que ya sufren de control y violencia de pandillas. Este uso indiscriminado de la fuerza ha atraído críticas de observadores internacionales, incluidos el jefe de derechos humanos de la ONU, quien calificó las acciones como desproporcionadas y posiblemente ilegales bajo estándares internacionales. La misión respaldada por la ONU, actualmente apoyada por la policía keniana, enfrenta desafíos debido a la falta de financiamiento y personal. Además, el análisis de Human Rights Watch de la evidencia en video sugiere que los drones están siendo desplegados contra individuos que no representan una amenaza inmediata, señalando una tendencia peligrosa de ejecuciones extrajudiciales. La comunidad global, particularmente los defensores de los derechos humanos, subraya la importancia de investigaciones transparentes y responsabilidad en estas operaciones, asegurando reparaciones para las familias de las víctimas donde se evidencian violaciones. En respuesta a la crisis de pandillas, Haití ha lanzado una fuerza especial, que opera extraoficialmente fuera de la supervisión de la policía nacional, lo que ha agravado aún más los problemas con sus tácticas agresivas. Mientras tanto, empresas como Vectus Global, asociadas con ex militares, están aumentando su presencia como parte de la controvertida estrategia de Haití para restaurar el orden. A medida que Haití lidia con esta situación compleja, los llamados a reformas, apoyo internacional y adhesión a las obligaciones de derechos humanos se incrementan, desafiando a las autoridades haitianas a encontrar un enfoque sostenible y legal para la seguridad.