

En 2025, surgió una tendencia preocupante en las prisiones de Armenia, ya que el número de muertes se duplicó en comparación con el año anterior. Se registraron un total de 24 muertes, incluidas 16 por causas naturales y 8 suicidios. Este aumento drástico respecto a las 12 muertes reportadas en 2024, de las cuales la mitad fueron suicidios, ha suscitado preocupaciones entre las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios de salud pública. La penitenciaría de Armavir fue notablemente afectada, presenciando el mayor número de muertes. Los esfuerzos por entender las causas han señalado la provisión inadecuada de servicios de salud, especialmente para los reclusos con problemas de salud mental. Muchos apuntan al cierre del Hospital Penitenciario como un factor significativo. Con su clausura, las instalaciones de salud restantes han tenido dificultades para proporcionar atención especializada, particularmente para condiciones relacionadas con la salud mental, lo que se correlaciona con el aumento de las tasas de suicidio. Activistas y observadores internacionales han expresado sus preocupaciones sobre la capacidad del sistema penitenciario armenio para gestionar riesgos de salud y proporcionar el tratamiento necesario. Destacan la falta de recursos y capacitación para enfrentar las crisis de salud mental, que a menudo se ven agravadas por condiciones de hacinamiento. Más allá de la atención médica, el tema de la supervisión de los reclusos y las medidas de prevención del suicidio ha sido objeto de escrutinio. A pesar de los compromisos para mejorar estos sistemas, sigue existiendo una necesidad crítica de gestión efectiva de riesgos y servicios de salud receptivos. Las alarmantes estadísticas han impulsado un llamado a reformas urgentes. Instan al gobierno armenio a adoptar medidas integrales que prioricen los servicios de salud mental, mejoren la infraestructura médica y aseguren una dotación adecuada de personal en las prisiones para prevenir más pérdidas trágicas. En un contexto más amplio, los expertos están considerando cambios sistémicos que integren un mejor apoyo a la salud mental dentro de los procesos judiciales y correccionales. Este enfoque integral tiene como objetivo reducir el estrés y el trauma experimentado por los reclusos, lo que puede llevar a consecuencias nefastas si no se aborda.