

Armenia ha introducido una nueva ley que puede restringir el derecho de un deudor a salir del país si se considera que su participación personal es necesaria para ejecutar un fallo judicial. Esta medida, parte de la 'Ley de Procedimientos de Ejecución', se aplicará a partir del 1 de enero de 2026. La ley otorga a los tribunales civiles el poder de imponer restricciones de viaje basadas en la recomendación de los alguaciles, enfocándose en casos que involucren obligaciones no monetarias. Esta acción se puede apelar, pero las apelaciones no suspenden la restricción de viaje a menos que el tribunal superior dictamine lo contrario. Una vez que se conoce la ubicación del deudor o se anula la decisión judicial, se levanta la prohibición de viaje. La ley tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el manejo de disputas civiles donde la presencia del deudor es crucial, reflejando un paso significativo hacia el fortalecimiento del marco legal de Armenia en la ejecución de decisiones judiciales.