News - Un nuevo informe destaca los 'fallos fatales' que están detrás de las condenas injustas a la pena de muerte.

Sentado en una sala de tribunales del condado de Brazoria en 1994, Anthony Graves, un hombre negro, miró a un jurado casi completamente blanco. Estaba en juicio por un asesinato que no había cometido, y el estado buscaba la pena de muerte. En ese momento, sintió que no había cambiado nada en 150 años. “Me sentí como Dred Scott,” dijo a The Texas Observer esta semana. “Me sentí como una persona sentada frente a gente blanca sin derechos, sabiendo que no había hecho nada a nadie, pero no podía controlar lo que estaban tratando de hacerme.” Como en el caso de Scott, los tribunales fallaron en contra de Graves. Fue enviado al corredor de la muerte de Texas. Robert Carter, el coacusado que había señalado a Graves como cómplice, dijo repetidamente a las autoridades que había mentido. Carter incluso usó sus últimas palabras desde la camilla en Huntsville en 2000 para intentar limpiar el nombre de Graves. Pero fue en vano—el tribunal de apelaciones más alto del estado estaba decidido a mantener a Graves en el corredor de la muerte. Graves fue finalmente exonerado en 2010 después de que un tribunal federal determinó que los fiscales del caso habían ocultado pruebas críticas a la defensa, incluida la afirmación de que el testigo estrella contra Graves había cambiado repetidamente su historia. En 2015, ese fiscal fue inhabilitado. Como muestra un nuevo informe de la ACLU, la experiencia de Graves es demasiado común. Desde 1973, cuando empezó la era moderna de la pena capital, al menos 201 personas en el corredor de la muerte han sido exoneradas —es decir, declaradas no responsables de un delito—, según datos mantenidos por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI). Dieciocho de esas personas estaban en Texas. El informe de la ACLU, publicado el miércoles, analizó estos casos buscando hilos comunes. Lo que encontró no fue sorprendente, pero sí indicativo de los errores y la mala conducta habituales que conducen a condenas injustas. “En Estados Unidos, este riesgo [de condena injusta] no es solo una característica definitoria de la pena de muerte moderna, sino que también resulta en la condena y ejecución desproporcionadas de personas negras inocentes,” afirma el informe. El factor más prevalente de las condenas injustas en estos casos fue la mala conducta oficial, cuando la policía realizaba investigaciones deficientes o los fiscales estatales ocultaban evidencias que indicaban que el acusado podría ser inocente, como en el caso de Graves. El informe cita un estudio del DPI que encontró que en el 85 por ciento de las exoneraciones por pena de muerte de personas negras entre 1973 y 2017, la policía o los fiscales habían cometido algún tipo de mala conducta en la investigación o el juicio. (En comparación, el 70 por ciento de los casos en que la persona exonerada era blanca.) En aproximadamente dos tercios del total de exoneraciones del corredor de la muerte, alguien prestó testimonio falso en el estrado. Jurados poco diversos, también presentes en el caso de Graves, tenían más probabilidad de condenar injustamente. Testigos oculares erróneos, peritos científicos poco fiables y ciencias forenses de mala calidad también llevaron a que muchas personas inocentes permanecieran tras las rejas. El informe destaca que más de la mitad de las personas exoneradas del corredor de la muerte en Estados Unidos en los últimos 52 años han sido negras. Pero los datos muestran que las reclamaciones de inocencia de prisioneros negros pueden ser más difíciles de demostrar: el DPI encontró que los exonerees negros del corredor de la muerte deben pasar, en promedio, cuatro años más luchando sus casos que los exonerees blancos. Para Graves, la realidad de este trato desigual le resultó evidente desde el principio. “Usaron mi negritud como evidencia en mi contra para condenarme a la muerte,” dijo. Megan Byrne, abogada del Proyecto de Pena de Muerte de la ACLU y autora principal del informe, dijo al Observer que el informe está destinado a educar a la gente sobre la conexión entre el linchamiento histórico de las personas negras y la aplicación moderna de la pena de muerte. Dijo que el sesgo racial se manifiesta en todos los niveles del sistema de justicia penal: desde la redacción de leyes, a cómo se lleva a cabo la vigilancia policial, a quiénes los fiscales deciden buscar la pena de muerte. “¿Quién es creído, y quién no, en las diferentes etapas de la investigación y la condena?” dijo. “La forma en que el sesgo afecta al sistema es un asunto tan multifacético que la solución también tiene que ser multifacética.” Aunque el informe solo analiza exoneraciones, Byrne dijo que hay muchas más personas que han visto sus casos revocados por otras razones o que aún están en el corredor de la muerte. El informe también afirma que 21 personas ejecutadas en Estados Unidos probablemente eran inocentes—10 de esos casos provienen de Texas. Un hombre, Carlos DeLuna, fue ejecutado en 1989 por el apuñalamiento de la cajera de la gasolinera Wanda López en Corpus Christi. Él había señalado a otro hombre, Carlos Hernández, como el verdadero culpable. Las autoridades sabían de Hernández, cuyo historial delictivo incluía agresiones muy similares a la puñalada mortal de 1983. No probaron, y luego perdieron, pruebas que podrían haber revelado el ADN del verdadero asesino. En años recientes, los legisladores de Texas han aprobado leyes para reducir las posibilidades de condenas erróneas en los tribunales estatales. La Ley Michael Morton de 2013, nombrada así en honor a un hombre que pasó casi 25 años en prisión después de que los fiscales ocultaran pruebas, exige que el estado entregue toda la evidencia a la defensa y registre lo que ha divulgado. La Ley Richard Miles, que entró en vigor en 2021, exige que la policía se asegure de haber entregado toda la evidencia al estado en primer lugar, incluyendo información obtenida después de una condena. Un jurado del condado de Dallas condenó a Richard Miles por asesinato y por intento de asesinato y le impuso 60 años de prisión en 1995. Fue liberado en 2009 y exonerado por completo en 2012. Aunque no fue un caso de pena de muerte, la abogada de apelaciones de Miles, Cheryl Wattley, dijo que Miles y otras exoneraciones de prisiones de Texas demuestran que el sistema puede fallar sin importar cuál sea la sentencia. “No deberíamos exhalar y decir, ‘Bueno, al menos no es un caso de pena de muerte,’” dijo Wattley. “Al quitarle la vida a alguien, ya sea por ejecución o por encarcelamiento, seguimos privando a esa persona, por una condena injusta, de su derecho a la vida.” Aun así, las exoneraciones son increíblemente difíciles de obtener en los tribunales de Texas. Requieren apelaciones costosas y que consumen mucho tiempo, y muchas personas no pueden pagar abogados de poscondena o no pueden obtener la atención de organizaciones como el Innocence Project y Centurion Ministries, que ofrecen representación gratuita. En la mayoría de los casos, no hay evidencia de ADN o forense que respalde las reclamaciones de inocencia de alguien. “El ADN demostró que [las condenas falsas] ocurrieron,” dijo Wattley. “Por otro lado, el ADN creó una barrera tan alta, un estándar de casi certeza científica absoluta para demostrar que efectivamente es una condena injusta.” Las recientes reclamaciones de inocencia de alto perfil, incluidas las de Robert Roberson y Melissa Lucio, indican que hay más personas en el corredor de la muerte de Texas que podrían haber sido llevadas allí por crímenes que no cometieron —y que podrían ver exoneraciones en sus vidas.