News - Trump ve impulso en las batallas legales sobre los despliegues de la Guardia Nacional.

Cualquiera que crea que estuvo bien que Eisenhower y JFK enviasen tanto la Guardia Nacional como tropas del Ejército activo en 1957 y 1962 para hacer cumplir la ley federal e intereses federales, entonces, para ser intelectualmente coherente, también tendrá que pensar que está bien que Trump haga lo mismo, dijo Shu, refiriéndose a las crisis de desegregación de Little Rock, Arkansas en 1957 y Oxford, Mississippi en 1962, cuando presidentes de ambos partidos desplegaron tropas activas y federalizaron a la Guardia Nacional de los estados para hacer cumplir la ley federal pese a las objeciones de gobernadores demócratas. Shu enfatizó que el presidente, con base en la ley, puede enviar la Guardia Nacional para proteger intereses federales, como instalaciones de ICE o de DHS, pero no para patrullar las calles locales ni asumir funciones de policía civil. «El mero hecho de que la policía en algunas de estas ciudades sea incapaz o no esté dispuesta a hacer cumplir la ley no convierte automáticamente la situación en un motín», declaró. Pero cuando la gente empieza a lanzar bombas incendiarias y bloques de cemento contra los agentes de ICE, intentando herirlos, eso es, sin duda, un comportamiento violento y, quizá, un motín total, y proteger esas instalaciones y ese personal federales está dentro de la autoridad del presidente. Tribunal de Illinois se niega a detener la movilización de la Guardia En Illinois, el gobernador demócrata JB Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, demandaron a la administración el lunes, calificando las movilizaciones de la Guardia Nacional como «ilegales, peligrosas e inconstitucionales» en una demanda federal. Sin embargo, en una victoria procesal temprana para la Casa Blanca, la jueza de distrito de EE. UU. April Perry, designada por el expresidente Joe Biden, se negó a bloquear de inmediato la movilización, permitiendo que las tropas avancen mientras el Departamento de Justicia prepara su defensa. Los abogados del Departamento de Justicia dijeron a Perry en la corte que las unidades de la Guardia Nacional de Illinois y Texas ya habían sido activadas para «proteger a funcionarios y activos federales» en el área de Chicago. El gobierno tiene hasta el miércoles a medianoche para presentar su respuesta, lo que indica que el objetivo de enviar tropas a la ciudad con altos índices de criminalidad, una idea que Trump ha propuesto desde el verano, puede al menos empezar a materializarse mientras se toma cualquier otra acción por parte del tribunal. Entre tanto, Johnson intensificó su oposición firmando una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de ICE operar en propiedades de la ciudad. La cuenta Rapid Response 47 de la Casa Blanca en X criticó la medida, acusando a Johnson de «ayudar e incitar a asesinos de inmigrantes ilegales, violadores, traficantes y pandilleros». 🚨 El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acaba de anunciar que firmó una orden ejecutiva que crea «Zonas Libres de ICE» para prohibir a los agentes de ICE operar en las propiedades de la ciudad. Esto es repugnante. Está ayudando y encubriendo a criminales inmigrantes ilegales, asesinos, violadores, traficantes y pandilleros. pic.twitter.com/LaMbxaqePP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 6 de octubre de 2025 Shu, quien se desempeñó como abogado de la Casa Blanca en ambos mandatos de la presidencia de George W. Bush, dijo que la decisión de Perry demostró la importancia legal de contar con una declaración de misión clara. «Si el presidente es muy claro sobre lo que tiene la intención de hacer con ellos —vigilar las instalaciones de ICE y proteger a los agentes federales de ser hostigados y atacados— y aun así el gobernador se niega, en primer lugar, el gobernador luce mal», dijo Shu. «Y en segundo lugar, el presidente podría simplemente enviarlos de todas maneras». La Guardia Nacional de Texas, de élite. Siempre lista. Desplegándose ahora. pic.twitter.com/7lXe7Wpmue — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 7 de octubre de 2025 Personal militar en uniformes con la insignia de la Guardia Nacional de Texas fue visto el martes en el Centro de Reserva del Ejército de los EE. UU. en Elwood, a unas 55 millas al suroeste de Chicago, según un informe de Associated Press. La pelea en Oregon pasa a la corte de apelaciones el jueves En el oeste, la jueza de distrito Karin Immergut, designada por Trump, dictó dos fallos consecutivos durante el fin de semana que bloquean al gobierno enviar tropas de la Guardia a Portland. Las decisiones de Immergut, motivadas por objeciones de Oregon y California, impiden temporalmente que despliegues de la Guardia Nacional de cualquier estado entren en la ciudad, a pesar de la resistencia continua de manifestantes y agitadores que han amenazado a los agentes de ICE durante semanas. El Departamento de Justicia ha apelado esas órdenes ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que escuchará argumentos el jueves por la mañana. El DOJ busca una medida de emergencia que permita reanudar los despliegues mientras avanza el caso. La orden de California permanece suspendida, con una audiencia prevista para más adelante este mes En California, la administración continúa beneficiándose de una sentencia procesal favorable, una que el DOJ espera replicar en Portland. En septiembre, el juez de distrito de EE. UU. Charles Breyer sostuvo que el uso de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en Los Ángeles violaba la Ley Posse Comitatus, emitiendo una orden judicial de prohibición temporal. Pero el Noveno Circuito suspendió esa orden, por lo que actualmente no está en vigor. El tribunal de apelaciones también ha programado argumentos orales para el 22 de octubre para escuchar los méritos de la solicitud del gobierno para deshacer la orden previa de Breyer. La suspensión mantiene la capacidad de la Casa Blanca para volver a desplegar unidades de la Guardia para proteger sitios de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional a nivel estatal mientras la apelación está en curso, a pesar de la fuerte oposición del gobernador Gavin Newsom (D-CA). Un laberinto legal añade incertidumbre Aunque Trump gana impulso en los tribunales, esta semana planteó la idea de invocar la Ley de Insurrección para sortear jurisdicciones donde las demandas han entorpecido su capacidad de enviar la Guardia Nacional a donde se necesita. Mientras tanto, abogados constitucionalistas señalan que la confusión más amplia sobre la autoridad del presidente para federalizar la Guardia Nacional refleja fallos más profundos en la ley. «Los estatutos que tratan del control federal y del despliegue de la Guardia Nacional son un completo disparate», escribió Casey Mattox, abogado constitucional, en X. «Términos indefinidos y aparentemente contradictorios. Un verdadero problema cuando, de hecho, importan.» Existen varias disposiciones superpuestas de la Ley de Insurrección, la Ley Posse Comitatus, y el Título 10 del Código de los Estados Unidos, que pueden crear ambigüedad sobre dónde empieza el poder presidencial y dónde termina el control estatal. Esta ambigüedad ha contribuido a inspirar la reciente ola de demandas que los estados sienten que su soberanía está siendo usurpada por el gobierno federal. Por ejemplo, si bien el Título 32 permite a los gobernadores mantener el mando de sus unidades de la Guardia durante misiones financiadas por fondos federales, el Título 10 transfiere el control por completo al presidente una vez que las tropas están «federalizadas». Esa distinción ha alimentado disputas en estados como Oregón y California, donde los gobernadores sostienen que sus miembros de la Guardia no pueden ser desplegados para operaciones federales de inmigración o control de disturbios sin el consentimiento del estado. «Aquí, Oregón no da su consentimiento al despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Oregón», escribieron los abogados del estado en su denuncia contra el despliegue de 200 tropas de la Guardia de Portland a las instalaciones federales de inmigración en el centro de Portland. Shu advirtió que invocar la Ley de Insurrección probablemente sería un error político y legal para el presidente Trump, aunque el presidente Kennedy lo hizo en 1962. «El presidente Trump definitivamente no quiere hacer eso en este punto, por razones políticas y legales», dijo Shu. «Los demócratas acusaron falsamente al presidente Trump y a las personas que asaltaron el Capitolio de ser insurrectos, y ampliaron el significado original del estatuto. Hicieron eso como un tipo de ‘lawfare’, para intentar evitar que Trump vuelva a postularse. Si el presidente Trump ahora intentara ampliar y ensanchar la definición habitual de una ‘rebellión’ o ‘insurrección’, sería una idea imprudente, legalmente, podría hacerlo parecer un hipócrita, políticamente, y en general sería terrible». Ecos históricos y legales del movimiento por los derechos civiles Los expertos legales han comparado los actuales enfrentamientos con la decisión de 1957 del presidente Dwight Eisenhower de enviar la 101.ª División Aerotransportada a Little Rock, Arkansas, y con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente John F. Kennedy en 1962 a la Universidad de Mississippi. En ambos casos, la autoridad federal prevaleció pese a la fuerte resistencia estatal. «En aquellos días, la policía estatal y local y las tropas de la Guardia Nacional estatal se negaban a hacer cumplir la orden de la Corte Suprema contra la segregación —el gobernador Orval Faubus incluso utilizó tropas de la Guardia Nacional de Arkansas para impedir la entrada de los estudiantes a la escuela», dijo Shu. «Hoy, funcionarios del gobierno estatal y local dicen erróneamente a los oficiales federales que no pueden hacer cumplir la ley de inmigración federal y, en algunos casos, se niegan a ayudarles cuando están en peligro. Si JFK —un demócrata— puede enviar al XVIII Cuerpo Aerotransportado y colocar alrededor de 30,000 tropas en reserva para escoltar a un solo individuo — James Meredith — a Ole Miss, entonces Trump ciertamente puede enviar la Guardia para proteger a los agentes de ICE y a otros funcionarios federales que simplemente hacen lo que la ley les ordena hacer, es decir, sus trabajos», añadió Shu. Las luchas legales continúan, pero la posición de Trump mejora Con la decisión temprana de Perry en Illinois, la suspensión del Noveno Circuito en California y una apelación expedita en curso en Oregón, la posición legal de Trump parece mejorar tras varios reveses en los tribunales inferiores. La administración sostiene que actúa dentro de la ley para asegurar instalaciones y personal federales ante la creciente resistencia de jurisdicciones santuario. El Departamento de Justicia debe presentar su próximo escrito en la demanda de Illinois para el miércoles por la tarde, seguido de argumentos orales en la apelación de Oregón el jueves por la mañana y en el caso de California más adelante este mes, un trío de procesos legales que podrían definir cuán lejos puede llegar Trump al desplegar tropas federales dentro de estados que se niegan a cooperar con su agenda de aplicación de la ley migratoria.