El sábado, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una orden de restricción temporal (TRO) para impedir que la administración de Trump envíe 200 efectivos de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, en medio de intensas protestas contra la Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La demanda, presentada por el Estado de Oregón y la Ciudad de Portland, afirmó que el despliegue era ilegal y que excedía los poderes legales y constitucionales del presidente. La jueza Karin Immergut, designada por el presidente Donald Trump en 2019, concedió el TRO que bloquea la acción federal. En su fallo, la jueza Immergut declaró: «Este país tiene una tradición profundamente arraigada y esencial de resistir la extralimitación gubernamental, especialmente en lo que respecta a la participación militar en asuntos civiles. Esta tradición histórica, en esencia, significa: somos una nación gobernada por la ley constitucional, no por la ley marcial». Al otorgar el TRO, el tribunal bloqueó la federalización y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a Portland. La orden permanecerá vigente durante 14 días, hasta el 18 de octubre, a menos que sea extendida. Immergut también negó la solicitud del gobierno de suspender o pausar la orden. Sandy Chung, directora ejecutiva de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Oregón, elogió la decisión de la jueza, describiéndola como «alineada tanto con los estándares legales como con la situación actual en Portland». «Desplegar a los miembros de la Guardia Nacional de nuestro estado no solo desperdiciaría hasta 10 millones de dólares de dinero de los contribuyentes, sino que tampoco hay justificación para enviar tropas a Portland», señaló Chung. «El esfuerzo del Presidente es un abuso de poder amenazante y demuestra un gran desprecio por nuestro estado, sus residentes y por los miembros de nuestra Guardia Nacional».