El Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de Nagorno-Karabaj emitió el jueves una declaración con motivo del primer aniversario del desplazamiento forzado del pueblo armenio de Karabaj. La declaración dice lo siguiente: “Hoy se cumple un año del desplazamiento forzado de más de 100.000 armenios de Nagorno-Karabaj, expulsados de sus tierras ancestrales por la limpieza étnica y el genocidio perpetrados por Azerbaiyán. En este sombrío aniversario, honramos las vidas desarraigadas y recordamos el trauma sufrido. Es un duro recordatorio de que esta crisis está lejos de terminar y la justicia sigue siendo esquiva. El derecho al retorno debe estar a la vanguardia de esa búsqueda. El desplazamiento forzado masivo, impulsado por la retórica deshumanizante y la intención genocida de Bakú y marcado por nueve meses de bloqueo paralizante y agresión militar flagrante, fue una violación patente del derecho internacional. Azerbaiyán buscó y llevó a cabo la destrucción total de los armenios indígenas de Nagorno-Karabaj, expulsando a toda una civilización de su patria y comprometiéndose a destruir todo vestigio de su presencia y memoria política, cultural y religiosa. Esto es insostenible. Es una interrupción ahistórica de los milenios de presencia continua del pueblo armenio en Nagorno-Karabaj. Los pueblos desplazados tienen el derecho inherente a regresar a su patria, un principio que la Corte Internacional de Justicia reafirmó en su fallo de noviembre de 2023, exigiendo a Azerbaiyán que garantice el regreso seguro y sin trabas de los expulsados después de septiembre de 2023. El pueblo de Nagorno-Karabaj tiene el derecho innegable a la libre determinación y al retorno, derechos que son esenciales para cualquier paz duradera entre Armenia y Azerbaiyán. Rechazamos cualquier narrativa que sugiera que esta crisis ha terminado simplemente porque la población armenia ha sido expulsada por la fuerza. La verdadera paz no se puede construir sobre la coerción o la eliminación de un pueblo entero. Los derechos de los desplazados deben ser respetados y su retorno debe ser facilitado bajo protección internacional. Durante los últimos seis meses, el Comité para la Defensa de los Derechos Fundamentales del Pueblo de Nagorno-Karabaj, creado por el Parlamento de Nagorno-Karabaj, ha cumplido diligentemente su mandato de abogar por el derecho al retorno y la libre determinación. El Comité ha colaborado con actores internacionales clave, incluidas las Naciones Unidas y varios representantes estatales, destacando constantemente la necesidad de una repatriación segura y colectiva de la población desplazada. Estos esfuerzos han mantenido la cuestión en la agenda mundial, y existe un apoyo internacional sustancial para estos objetivos, apoyo que ahora depende del liderazgo activo del gobierno armenio. Instamos al gobierno de Armenia a que tome medidas decisivas en las negociaciones de paz con Azerbaiyán en este frente crucial. Sin el derecho al retorno, no puede haber una paz duradera en la región. La comunidad internacional está dispuesta a apoyar esta causa. Sin embargo, corresponde al gobierno armenio defender el derecho al retorno con resolución y determinación. El silencio del gobierno armenio sobre esta cuestión no sólo socava los derechos humanos fundamentales del pueblo de Nagorno-Karabaj, sino que también compromete la seguridad a largo plazo de la propia República de Armenia. La paz exige dignidad humana, y la dignidad humana se basa siempre en la garantía de los derechos humanos fundamentales”.